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La Transición Chilena hacia una Matriz Energética Limpia

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Publicado en: elDial.com - DC2445 - 14/11/2017

Por Thomas Andrew O’Keefe(*)

Desde que Michelle Bachelet volvió a la presidencia en marzo de 2014, Chile está embarcado en un proceso ambicioso de incorporar a su matriz energética cada vez más fuentes de energía renovables y no convencionales. Dichas fuentes incluyen la biomasa, biogás, las pequeñas centrales hidroeléctricas que generan menos de 20 megavatios de electricidad, además de la energía geotérmica, solar, eólica y, potencialmente, marina del movimiento del oleaje de los océanos. La meta del gobierno chileno es generar el 60 por ciento de su electricidad de recursos nacionales de energía renovable (incluyendo toda la hidroelectricidad sin distinción de la capacidad generadora de la central) por el año 2035, y un 70 por ciento por el año 2050. Para incentivar dicha transición, Chile es uno de solamente dos países en Latinoamérica (el otro es México) que actualmente imponen un impuesto sobre las emisiones de carbono por parte de las generadoras de electricidad y las grandes industrias, y corresponde a US$ 5 por cada tonelada emitida de carbono dióxido. La motivación principal del gobierno chileno en transformar la matriz energética del país es más para asegurar la seguridad energética que en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

A mediados de la década de los 90, Chile tuvo que enfrentar una sequía que duró varios años consecutivos y tuvo un impacto sumamente adverso en cuanto a la disminución de recursos hídricos, responsable en esa época por aproximadamente 50 por ciento de la electricidad generada en el país. Una afortunada abundancia de gas natural proveniente de la Argentina ofreció a Chile una alternativa atractiva, y por esa razón se construyeron oleoductos por debajo de la cordillera de los Andes y nuevas termoeléctricas de doble combinación en Chile. Cuando la República Argentina comenzó en 2004 a cortar la exportación de gas natural (algo que dentro de unos años más suprimió en definitiva)---y Bolivia rehusó venderle gas a Chile antes que se resolviera su disputa con Santiago por una salida al Pacífico---Chile se encontró obligado en construir dos terminales para recibir importaciones de gas natural licuado de Asia de Trinidad y Tobago. Los chilenos también tuvieron que aumentar el uso de más carbón y diésel para generar electricidad, con todo lo que eso implica para la contaminación ambiental en varias ciudades del país que (dependiendo de la época del año) figuran entre las más contaminadas en el hemisferio.

El sector más dinámico de la economía chilena en estos últimos años en términos de la inversión extranjera ha sido la energía. Es por eso que Chile hoy es el recipiente de un poco más de la mitad del capital total invertido en la energía renovable y no convencional en toda América Latina y el Caribe. La mayor parte de esta inversión está dirigida a la construcción de centrales eólicas y fotovoltaicas en el norte del país para abastecer al importantísimo sector minero. La fuente del capital para financiar esta transición a un sector energético más limpio proviene principalmente del sector privado. Con la excepción del reembolso a precio minorista (y sin reducción para el costo de la transmisión) que las distribuidoras están obligadas en pagarle a los pequeños y medianos consumidores que generan su propia electricidad (de paneles solares sobre un techo, por ejemplo) e inyectan sus excedentes a la red, el estado chileno no ofrece ningún tipo de subsidio. La reticencia por parte del gobierno en ofrecer subsidios refleja su compromiso con una política de mercado además de una preferencia para importar tecnología de punta desarrollada en otros países en vez de incentivar la creación de una industria nacional en este rubro.

Sin duda, un factor importante que explica el boom de las inversiones en energía renovable en Chile es el hecho que el país no es un productor de hidrocarburos y los precios de la electricidad han sido relativamente altos en estos últimos tres años gracias a una sequía que afectó a las centrales hidroeléctricas. Otro factor significativo es que el país goza de una economía estable con reglas claras para la inversión y un marco regulatorio en el sector eléctrico que es atractivo para el sector privado. Además, la entidad reguladora que supervise las licitaciones para el suministro de electricidad ahora divide el día en tres bloques para así incentivar ofertas más competitivas por parte de las empresas oferentes. Esto ha resultado en una rebaja de un promedio del 50 por ciento en los precios de la electricidad en Chile y ha facilitado una mayor incorporación de energía renovable y no convencional.

Con una mayor utilización de energía solar y eólica, Chile pretende utilizar la hidroelectricidad para respaldar a la red cuando se presentan interrupciones en los flujos de viento o hay falta de sol (que, en el último caso, se presenta al atardecer justamente cuando la demanda es mayor). Por el momento, los combustibles fósiles juegan ese papel de respaldo. También se espera que nuevos desarrollos en las tecnologías de almacenaje podrán jugar un papel importante de apoyo a un mayor uso de energía solar y eólica. Algo que podría facilitar esto en el caso específico de Chile es que el país es uno de los mayores productores de litio en el mundo, un insumo importante en la producción de baterías para almacenar energía. Igualmente se espera que la conexión de las redes eléctricas del norte y centro del país en 2018 también permitirá un mayor uso de fuentes de energía renovable en Chile en vista que facilitara dirigir eficientemente la energía a los lugares del país donde más se necesita.

A pesar del éxito que Chile ha tenido hasta la fecha en aumentar el porcentaje de su electricidad generada de fuentes renovables y no convencionales, aún faltan reformas en hacer para garantizar que se cumplen las metas ambiciosas del gobierno. Esto es fundamental en vista de la gran expansión en la demanda eléctrica que se proyecta para las próximas décadas gracias a una población con siempre más poder adquisitivo y un plan para convertir todos los sistemas de transporte público urbano en Chile a base de vehículos eléctricos. Entre dichas reformas que se precisan es un retorno al marco original que existió al privatizar todo el sector eléctrico a principios de los años 80, con una fuerte desmonopolización y división entre las empresas de generación, transmisión, y distribución de electricidad. Chile también necesita establecer un marco jurídico que incentiva a los operadores en el sector eléctrico para incorporar tecnología de medidores inteligentes y así poder recompensar a los consumidores que utilizan sus electrodomésticos, por ejemplo, durante períodos de baja demanda a la red. Finalmente, hay una necesidad urgente de racionalizar y mejor coordinación de todo el proceso de evaluación de impactos ambientales (incluso las consultas con las comunidades indígenas) para que sean más eficiente y, de esa forma, evitar los obstáculos burocráticos innecesarios a nuevos proyectos energéticos.

(*) Presidente de Mercosur Consulting Group, Ltd. [http://www.mercosurconsulting.net] con sede en Nueva York y enseña en la Universidad de Stanford en California.

11/01/23. 02:23:00 am. Categories: Articulos ,

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